La detención de Juan José Zanola ya es, en sí misma, un hecho trascendente. En veinticinco años de democracia ha habido presos de casi todos los sectores de poder: hubo políticos, banqueros, empresarios periodísticos, curas. A partir de la decisión de Norberto Oyarbide, el sindicalismo ha perdido la condición de intocable. No es, en sí mismo, un hecho positivo o negativo. Como se trata de la libertad de las personas, depende de que otros niveles de la Justicia convaliden o no la investigación que se está llevando a cabo en primera instancia. Pero es, sin duda, un hecho novedoso: uno de los dirigentes sindicales más poderosos del último cuarto de siglo está preso.
En este contexto, se multiplican las especulaciones acerca de los efectos políticos de estas decisiones judiciales. ¿Cómo repercutirá, por ejemplo, esto en Hugo Moyano, el titular de la CGT? Moyano es el jefe de la organización que cobija a Zanola y a decenas de personajes como él. El jefe de la CGT puede soltarle la mano al dirigente bancario pero, sagaz como es, sabe que la imagen de un sindicalista de primera línea detenido es una mancha más sobre todos los sindicalistas cuyas prácticas están tan cuestionadas como las de Zanola, y no por la derecha o los medios, sino por sectores que hasta hace diez días eran oficialistas, como la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Zanola es Zanola, pero también es el símbolo de un grupo de hombres muy poderosos, riquísimos, que conducen organizaciones muy influyentes desde hace décadas y que han sido claves en la gestión de la salud pública en la Argentina. Moyano lo sabe y alguna gente en la CGT teme que la causa afecte a otras obras sociales, y caigan otros personajes del sindicalismo.
No será fácil de aceptar para la CGT si esto ocurre.
Los muchachos empezarán a ponerse nerviosos.
Casi todos saben que algo tienen que ocultar.
La onda expansiva llega hasta los niveles más poderosos del gobierno nacional, aun cuando los supuestos negocios de Zanola con los laboratorios cuestionados por la Justicia no hubieran sido conocidos por Néstor y Cristina Kirchner. Los extraños aportes de empresarios vinculados al tráfico de efedrina en la campaña electoral del 2007, las citaciones a encumbrados funcionarios que controlaron la plata de las obras sociales durante un lustro, y el vínculo político indisimulable entre Zanola y el oficialismo extiende un manto de sospechas que, justa o injustamente, pondrá al Gobierno a la defensiva. Encima, la cabeza de todos los procedimientos es un juez que ya puso en prisión a funcionarios macristas, con lo cual el argumento de que se trata de un ariete más de la derecha destituyente se deshilacha solito.
El material de archivo todavía no ha sido del todo explotado. El 25 de agosto del 2005, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la Asociación Bancaria, que la respaldó en la campaña para senadora, donde ella peleaba contra Chiche Duhalde. Zanola la elogió, dijo que era la primera vez que, luego de la muerte de Perón, los bancarios apoyaban explícitamente a un candidato. “Tomo esta adhesión como una condecoración”, dijo Cristina.
Una condecoración.
No está claro qué ganó el Gobierno con ese tipo de medallas. Pero sí que deberá pagar un costo por haberlas mantenido.
La alianza incondicional entre el kirchnerismo y el poder sindical en todos estos años le ha traído al Gobierno muchos dolores de cabeza y un gran costo político.
Conviene recordar algunos hechos para percibir su magnitud:
En octubre del 2006, gente de Hugo Moyano protagonizó un violento enfrentamiento con otros sectores sindicales durante el traslado de los restos del general Perón. Los principales involucrados fueron protegidos por el poder político y sindical.
En febrero del 2008 apareció asesinado el tesorero del gremio nacional de Camioneros, Abel Beroiz. Moyano, en principio, sostuvo que se trataba de un intento de robo. La Justicia encontró luego pruebas y detuvo a gente de su propio sindicato por el homicidio.
El hijo de Moyano, Facundo, condujo un asalto violento contra una empresa de peajes, que no tuvo ninguna consecuencia judicial.
La tragedia del colegio Ecos, ocurrida en octubre del 2006, generó una fuerte presión a favor de la participación más activa del Estado en la prevención de accidentes de tránsito. Una de las medidas reclamadas era la instalación de un registro de conductor por puntos a nivel nacional. La mismísima presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a proponerlo. Pero Hugo Moyano se opuso porque semejante régimen podría significar un castigo serio para los afiliados al sindicato que infringían las normas de tránsito. Así, el gobierno porteño –nada menos que encabezado por Mauricio Macri– pudo exhibir que imponía el registro por puntos, pero el gobierno nacional no. Para colmo, la resistencia del taxista Omar Viviani, aliado de Moyano, a esa medida volvió a generar episodios de violencia callejera.
En plena campaña electoral, Graciela Ocaña instaló que Moyano quería correrla del cargo para quedarse con los fondos de las obras sociales. Luego de las elecciones, Ocaña fue desplazada del ministerio, y ese dinero fue entregado a un hombre del jefe de la CGT.
Durante la crisis del campo, Moyano tuvo dos intervenciones importantes. La primera fue el envío de camioneros para amedrentar a los ruralistas en las rutas, apenas comenzado el conflicto. La segunda fue la organización de un acto en el estadio de Almagro, donde volvió a producirse un enfrentamiento a palazos entre sus partidarios y otros gremialistas, justo cuando la Presidenta le hablaba a la multitud.
Uno de los principales aliados de Moyano es Omar Viviani, el líder del sindicato de taxistas. Curiosamente, ese hombre fue denunciado por la AFIP de este gobierno, durante la gestión de Alberto Abad, por múltiples estafas. Era impresionante, con estos antecedentes, ver a Viviani pasearse por el Salón Blanco de la Casa Rosada durante varias asunciones de ministros.
No es necesario ser un gran analista político para emparentar cada uno de estos hechos con el antiguo cajón quemado por Herminio Iglesias: esa seguidilla generó para el Gobierno un goteo permanente de desgaste, sobre todo en la influyente clase media.
La detención de Zanola es un ejemplo más de los costos que tiene para un Gobierno elegir mal sus relaciones. La desesperación por construir estructuras de poder apoyándose en dirigentes muy conocidos por sus prácticas oscuras, al final del camino, termina trayendo más costos que beneficios.
¿Por qué será entonces que, uno tras otro, los presidentes caen en la misma trampa?
Pavada de pregunta, ¿no?
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