La información disponible sobre la Casa de la Moneda es más escasa. Si usted entra a su sitio web poco es de lo que se enterará. Sabrá que su sede es la Ciudad de Buenos Aires (Avda. Antártida Argentina 2085), conocerá sus teléfonos, sabrá que tiene un museo, conocerá sus productos, sus clientes (del ámbito público y privado). Tendrá a su disposición las audiencias que concedió el Directorio (actualizadas al 2007) y muy poco más. Nada de balances. Nada de “misiones y funciones”. En el último organigrama oficial disponible se informa que es un ente “descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Hacienda”. Recientemente, en noviembre de 2009, mediante el decreto Nro. 1741, con explicaciones que abundaron en escasez, el Poder Ejecutivo cambió todo su Directorio.
Ahora bien, la separación funcional y política entre Casa de la Moneda y Banco Central, es fundamental: Uno tiene la imprenta y el otro tiene el papel y la autoridad jurídica para mandar a imprimir moneda.
Esto, que parece una nimiedad, es clave para evitar un defecto que costó años de inflación e hiperinflación: la emisión de moneda dispuesta por el Poder Ejecutivo, sin respaldo económico ni técnico, al solo efecto de solventar el gasto público. Después tantos desaguisados, se entendió (¿hasta ahora?) que el gobierno debía solventar sus gastos con recursos genuinos (sobre todo tributarios) y evitar la tentación de emisiones espurias que agregan circulante pero no agregan valor a la economía y por ende producen inflación.
De allí la separación entre imprenta y autoridad monetaria. Control por oposición se llama el sistema.
Hasta ahora, en la práctica es así: Cuando el Banco Central, en base a evaluaciones técnicas de política monetaria, decide emitir moneda, envía a la imprenta el papel en blanco necesario solo para esa emisión y, una vez convertidos en billetes, los recibe para su puesta en circulación. Soplan vientos de cambio, veremos como sigue la cuestión.
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