¿Billetera mata opositor?

Néstor Scibona
Para LA NACION
La crisis desatada por la sorpresiva remoción de Martín Redrado quedó zanjada con la no menos sorpresiva designación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central; pero el desenlace del problema que le dio origen es una incógnita que ahora arrastra al futuro de la política económica. A 50 días de su creación, el controvertido Fondo del Bicentenario (FoBi) sigue siendo una billetera vacía.
No hace falta demasiada agudeza para imaginar que el gobierno de Cristina Kirchner apostará a que el DNU 2010 sea convalidado en marzo por el Senado, donde puede conseguir una ajustada mayoría. De lo contrario, debería enviar una ley a la Cámara de Diputados, que ya dejó de ser una escribanía para el oficialismo. Allí, casi todos los bloques opositores (desde el Peronismo Federal hasta Proyecto Sur, pasando por la Coalición Cívica, Pro y el Socialismo) anticiparon su voto en contra. La UCR definirá su posición a fines de esta semana en San Nicolás, pero difícilmente acepte firmar un cheque en blanco para que CFK disponga de los 6569 millones de dólares para los pagos en divisas del Tesoro y libere otros recursos para aumentar discrecionalmente el gasto. De ahí que varios legisladores radicales hayan anticipado que cualquier tratamiento del tema deberá ser acompañado por la reformulación de la ley de presupuesto 2010, convertido hoy por hoy casi en una ficción.
Sin embargo, la principal preocupación de legisladores y especialistas no pasa sólo por aquellos 6569 millones, sino por otros 11.000 millones que el propio DNU también define en su primer artículo como "reservas de libre disponibilidad" y a los que el gobierno podría echar mano de aquí a fines de 2011 sin pasar por el Congreso. Según cómo se manejen -ya que buena parte podría transformarse en pesos para pagar obligaciones domésticas-, conducirían a un festival de expansión monetaria y de gasto casi sin costo financiero ni riesgo de default; pero también a la amenaza de empujar la inflación escalones arriba.
Para un gobierno como el del matrimonio Kirchner, que en los últimos tres años prácticamente duplicó el nivel de gasto público y falsificó los índices de inflación a fin de ocultar el aumento de la pobreza, esa amenaza no es un freno. Con la prioridad de que la economía crezca este año lo más posible (encima de 6%) y remontar en parte su pérdida de popularidad, contar con el Fondo del Bicentenario equivale a tener otra vez la billetera repleta para aplicar su estrategia de poder favorita: repartir fondos sin otro límite y condición que la adhesión política al oficialismo. Es difícil encontrar algún gobernador o intendente que se resista a aumentar el gasto, que se ha convertido en la manera de hacer política en la Argentina. Máxime cuando la mayoría de las jurisdicciones muestra hoy números fiscales en rojo.
La estrategia de usar la billetera para neutralizar cualquier tipo de oposición casi siempre le dio resultados al kirchnerismo, que ahora apuesta a reflotar el DNU en el Senado aprovechando la necesidad y urgencia de fondos que tienen los gobernadores, aún más apremiante que la del gobierno nacional. Para los usos y costumbres de la Casa Rosada, no sería demasiado dificultoso asociarlos para que presionen a sus senadores por la aprobación del Fondo del Bicentenario, a cambio de refinanciar deudas con el Estado nacional, o bien transferirles mayores fondos para gastos corrientes u obras públicas. Por ahora, las voces en contra de esta posibilidad han sido la excepción más que la regla. En voz baja, hasta prominentes figuras de la oposición admiten que, cuando las papas queman, la necesidad tiene cara de hereje. Ya ocurrió en 2009 cuando se aprobó la prórroga del impuesto al cheque, manteniendo un alto porcentaje de la recaudación (70%) para el Tesoro nacional.
En la lógica del kirchnerismo, la aparente ventaja es que Nación y provincias han quedado en la misma vereda de deterioro fiscal. Algunos números lo corroboran. Aunque en 2009 las necesidades de financiamiento del Tesoro nacional eran similares a las de este año, el gobierno consumió 4 puntos de PBI de superávit primario genuino para aumentar 30% el gasto (frente a una suba de 13% en los ingresos tributarios) y, en lugar de crear el FoBi para financiarse, pasó el rastrillo por todo el sector público. Según el diputado Alfonso Prat-Gay, el financiamiento "legal" del BCRA al Tesoro (adelantos transitorios y utilidades cambiarias) superó, con 26.000 millones de pesos, al que ahora se prevé con el Fondo del Bicentenario. Idesa calcula que 38% del aumento del gasto del año pasado ($ 62.000 millones) se cubrió con fondos de la Anses; sólo 12% con recaudación tributaria; 15% con recursos extraordinarios (como los que aportó por única vez la capitalización del FMI) y el resto con aumento del déficit. La consultora CML&A revela que en 2009 los depósitos del sector público en el sistema financiero cayeron 1% nominal, mientras que los préstamos de los bancos (principalmente públicos) a los gobiernos nacional y provinciales subieron 60%. Para 2010, el economista Jorge Todesca prevé (bajo el supuesto de una suba de 20% en los ingresos y de 28% en el gasto) un desequilibrio financiero que treparía a 51.000 millones de pesos, sin incluir vencimientos netos de capital.
Entre las provincias, que en los últimos años fueron resignando coparticipación de recursos nacionales, Buenos Aires presenta una situación crítica y acaba de ser asistida con 200 millones para pagar sueldos. La cuestión salarial desvela a la mayoría de los gobernadores, ya que concentra más de tres cuartas partes del gasto provincial. En este sentido, que el gremio docente (Ctera) reclame un aumento de 23% para este año encendió luces amarillas en casi todas las jurisdicciones, ya que generalmente ese ajuste suele ser tomado como testigo para el resto de los sueldos de los empleados estatales. Por ahora, sólo el fondo proveniente de la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja es visto como un alivio: para este año se prevé una distribución total que la consultora Abeceb.com estima en 6800 millones de pesos (frente a 2900 millones en los últimos 8 meses de 2009). Difícilmente algún gobernador vaya a reclamar una reducción para los productores.
Señales necesarias
Con el cambio en la conducción del Banco Central, la perspectiva se complica porque desde el propio Gobierno se emiten señales inquietantes. La propia presidenta Kirchner asegura que la inflación no es un problema monetario y también abrió una polémica inconducente al afirmar que la autonomía del BCRA no evitó el estallido de crisis como la de la convertibilidad en 2001. Con el mismo criterio se podría señalar que la coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCRA tampoco impidió las hiperinflaciones de 1975,1989 y 1990. Bajo la conducción de Redrado, el BCRA fue funcional a la política oficial hasta que el Gobierno avanzó sobre las reservas.
Ahora sería imprescindible que Boudou y Marcó del Pont emitieran otras señales. Entre ellas, cuál es el programa fiscal y monetario para este año; qué ocurriría con eventuales embargos externos si se aprueba el FoBi y cuál sería el plan B si no atraviesa la barrera del Congreso. El problema no es tanto la coordinación, sino la consistencia de las políticas económicas que se aplican. Y hasta qué punto estarían dispuestos a decir no a los excesos de Néstor Kirchner para abultar la billetera fiscal.
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