¿Por qué Néstor va a la clínica y el pueblo no?

Apurémonos a aclararlo. Somos moderadamente liberales, de modo que nos parece no solamente legítimo, sino además absolutamente razonable, que una persona tan importante como el ex-presidente de la Nación se opere en una clínica privada, con la mejor calidad.
Claro que también somos moderadamente líberals, y por lo tanto nos parecería no solamente legítimo, sino además absolutamente razonable, que el más pobre de los argentinos se operara en la misma clínica privada.
Ya desde hace un tiempo venimos proponiendo una revolución igualitaria en el sistema de salud nacional. La internación de Néstor nos obliga a redoblar las campanas.
Aclaro, “no soy especialista” y por eso mismo puedo decir burradas sin rubor.
Como en casi cualquier otro rubro, en la cuestión sanitaria la sociedad argentina se divide en dos: los que tienen un trabajo formal y los que no lo tienen. Los que tienen un trabajo formal tienen asignaciones familiares, obra social, aguinaldo, salario mínimo, jubilación, horas de trabajo reguladas. Los que tienen un trabajo informal, no.
Por supuesto, una estrategia posible para terminar con esa sociedad partida en dos es esperar los efectos del “derrame formal”: podríamos confiar en el Progreso Continuo y pensar que, en el largo plazo, debería aumentar el porcentaje de trabajadores en la economía formal. Pero no es obvio que ello vaya a ocurrir, al menos en un tiempo corto. Y en el largo plazo estamos todos muertos, incluso los trabajadores formales; los informales estarán muertos un poco antes.
Otra estrategia es, en primer lugar, lidiar con el asunto: hacer un ataque frontal con premios y castigos para blanquizar el trabajo en negro. En segundo lugar: extender a los trabajadores informales los derechos de los trabajadores formales.
Este gobierno no ha hecho nada de lo primero, salvo ese par de avisos del señor Carlos, quien se había visto obligado a tener a sus trabajadores en negro en tiempos de crisis (Aviso 1), mientras tenía suficiente dinero para comprarse un cero kilómetro que un par de años después sortearía entre sus empleados (Aviso 2):En cuanto a la extensión de derechos económicos al trabajador informal, se hizo algo, mucho menos que lo posible pero bastante más que nada: Asignación Universal para la Niñez (siglas A.U.N., y aún lejos de estar en funcionamiento pleno) y una ampliación de facto de la población cubierta por jubilación.
Creo que se puede hacer mucho más de las dos cosas, y que esas dos cosas pueden relacionarse. Creo que puede, fácilmente, construirse un Nuevo Estado de Bienestar, que sea al mismo tiempo el mejor Estado de Bienestar del mundo. Voy a desarrollar someramente tres de sus aspectos, (1) salud, (2) jubilaciones y (3) formalización acelerada:
Salud: el Estado les entrega a todos los trabajadores informales y desempleados un nuevo derecho, la Asignación Universal para la Salud (A.U.S.). El AUS equivale a X pesos por mes para elegir la obra social que quieran, como pueden hacerlo en la actualidad los trabajadores formales (con la salvedad de estar intermediados por Moyano & friends). Se crea una Obra Social Estatal –la public option discutida estos días en EE.UU.– en la que podrían enrolarse todos los trabajadores (formales, informales y desempleados) que prefirieran la atención estatal a la privada. Si efectivamente queremos la igualdad, creo que es imposible oponerse: si estamos conformes con que los trabajadores formales puedan elegir entre la obra social y el hospital público, como ocurre ahora, ¿por qué querríamos condenar a desempleados e informales a que tengan sólo una de esas opciones?
El motivo no puede ser económico, ya que el costo fiscal sería de cero pesos. En 2007, según un informe de Clarín, el costo promedio anual en obras sociales era $799 por abonado. El costo del sistema público por cada argentino no enrolado ni en obras sociales ni en prepagas ni en PAMI, $927. La “asignación universal para la salud” podría ser entonces de $927 por año, a precios de 2007. Los nuevos asegurados podrían mantenerse en el sector público con la Obra Social Estatal, con lo cual los $927 volverían al Estado, o elegir en cambio alguna “obra social” –desregulada, esto es, sin que el dinero pase por esas grandes manos compradoras de dólares– con lo cual la demanda por servicios de salud pública sería menor y, presumiblemente, bajarían los costos de la salud pública en la misma proporción.
Mi preferencia personal sería, adicionalmente, pasar a un sistema de cápitas iguales, esto es: nada de “¿sos OSDE 210 o sos OSDE 410?” según tu salario. Todos los aportes se ponen en una bolsa y se reparten equitativamente. El que quiera más, que asigne su cápita a su obra social / prepaga de elección y ponga por encima de eso algunos mangos.
Jubilaciones: toda la población mayor es declarada “jubilable”, y el Estado empieza a constituir un aporte mínimo en su nombre (esto es: algunos ceros y unos cambian de lugar en un chip de silicona). El aporte mínimo se llama Aporte Universal para la Jubilación (A.U.J.). También aquí el impacto fiscal es nulo: en los hechos, sabemos que (casi) todo el mundo se jubilará. Hoy por hoy la cobertura anda por el 90%. ¿Qué sentido tiene entonces esa formalidad llamada “aporte estatal”? Lo veremos en la próxima sección.
Formalización acelerada. La AUS y el AUJ simplemente harían explícito algo que hoy está implícito. El Estado provee sin contrapartida un seguro de salud a toda la población y una jubilación a (casi) toda la población. Creo, sin embargo, que el AUS, el AUJ y la AUN podrían manipularse estratégicamente para favorecer el empleo de aquellos que más lo necesitan. La contratación de trabajadores informales en puestos formales podría ser premiada por el Estado pagando por X tiempo un Y% de los aportes jubilatorios y de salud. La X y la Y podrían definirse en una fórmula que tuviera en cuenta la edad del trabajador, su historia laboral en el mercado formal (si alguna), sus niveles salariales durante pasos previos por el sector formal, etcétera. De ese modo, quien contratara a una persona desempleada o informal estaría siendo premiado de manera explícita por el beneficio social que generaría su contratación, no sólo al nuevo empleado sino también a las arcas estatales. Por supuesto, el beneficio se daría sólo cuando la contratación implicara un aumento de la plantilla, para evitar el efecto reemplazo de trabajadores con aportes full por trabajadores con aportes subsidiados.
Algo así. En resumen. La seguimos.
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