Gobierno quiere recomponer con la Corte a través del manejo de los fondos

“fue un error enfrentar a la justicia”
Funcionarios y operadores oficiales en la Justicia ya tienden una red de contención para evitar fallos adversos. Las negociaciones por la caja.
Distanciados. Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sobre todo en el Caso Redrado, cayeron mal. Ahora quieren pacificar todo. La Corte sentará su posición.
En su confrontación con el Poder Judicial, el kirchnerismo cree que tiene más para perder que para ganar. Al menos eso manifiestan por lo bajo los principales funcionarios y operadores que tiene el Gobierno cerca de la Justicia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pareciera haber entendido a regañadientes el mensaje de sus colaboradores y puso en marcha un plan para fumar la pipa de la paz.
Esta semana, el flamante procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, apeló el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que frenó el uso de las reservas para el Fondo del Bicentenario. Otro buen motivo para reconciliarse con una Corte que en más de una oportunidad buscó demostrar signos de independencia.
“Fue un error enfrentar a la Justicia en esos términos”, reconoció a PERFIL un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad. En esa misma dirección, agregó que el Gobierno está dispuesto a “bajar el tenor” y “observar los planteos de la Corte”.
A trasluz, se puede ver que el Gobierno no está dispuesto a otorgar las concesiones que busca el Poder Judicial. Y la Corte no está interesada en escuchar propuestas que padecen de una crónica espera.
La verdadera preocupación del oficialismo no reside en las preocupaciones institucionales, sino en algunos temas judiciales que irremediablemente se definirían en el Supremo Tribunal: el Fondo del Bicentenario, la estatización de las AFJP, jubilaciones móviles, Ley de Medios, la fusión de Telecom, libertad sindical, entre otros puntos.
Los ejemplos fueron dados por uno de los funcionarios del Gobierno, que a diario busca mantener el buen diálogo entre los dos poderes del Estado. “Sabemos que hay malestar en la Corte y que éste va a ser un año complicado”, dice y se frota la frente como signo de cansancio frente a PERFIL.
Pulseada. En el Ministerio de Justicia y Seguridad tienen una visión sin anestesia: “Lorenzetti quiere manejar la caja en la Magistratura, ésa es la verdad. En la Justicia a todos les sirve su figura”. Pero para que el titular de la Corte pueda manejar los hilos del presupuesto judicial, primero se tiene que modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. “Cristina no quiere que se modifique nada y eso se tiene que respetar. Eso no significa que el Gobierno quiera estar enfrentado con la Corte”, aseguran desde el Gobierno.
Uno de los signos que molestó al Ejecutivo es la “presión” que dicen que se ejerce desde el alto Cuerpo. “Nosotros mandamos una señal cuando aceptamos el cambio del administrador general del Poder Judicial que es un hombre de la Corte, pero ahora parece que eso les alcanzó”, se quejó uno de los funcionarios que accedió a contar la difícil relación que mantienen con la Justicia.
Tres días antes de la Nochebuena, el Consejo de la Magistratura designó al contador Hugo Borgert como administrador general del Poder Judicial. Se trata de un funcionario de la cuestionada Dirección de Periciales de la Corte.
Desde los tribunales de la calle Talcahuano, creen que la llegada de Borgert “sin dudas va a agilizar las cuestiones administrativas, pero no es suficiente”. Un ministro de la Corte, que prefirió mantener su nombre en reserva, aclaró que “el criterio nuestro no es la caja, es la autonomía económica”, y después largó una batería de críticas contra el Consejo por la “ineficiente asignación de recursos”.
El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. En ese marco legal, la función de Borget es la columna vertebral de la administración de la Justicia.
Durantes los últimos años, la Corte dio varias señales de independencia, pero el déficit del Poder Judicial no se resume simplemente a un problema presupuestario. Una batería de causas judiciales que jaquea al kirchnersimo está a paso de tortuga: el escándalo de la valija de 800 mil dólares que intentó ingresar ilegalmente al país el venezolano Antonini Wilson, que presuntamente estaban destinados a la campaña presidencial de CFK. Los extraños aportes de campaña de los empresarios farmacéuticos vinculados a la adulteración de medicamentos y al triple crimen de General Rodríguez. Las presuntas coimas y sobreprecios en la construcción de gasoductos, en el llamado caso Skanska; y las causas que arrastra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, son algunas de las deudas que mantiene la Justicia.Gil Lavedra reclama más acción de los fiscales
El diputado radical Ricardo Gil Lavedra reclamó a la Justicia más celeridad en las causas vinculadas a posibles hechos de corrupción. También criticó el actual rol de los organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Como ex juez y ex ministro de Justicia durante el breve mandato de Fernando de la Rúa como presidente, el legislador conoce a la perfección los mecanismos legales de un expediente. “Se habla de la judicialización de la política porque las denuncias son presentadas por políticos, pero quienes están encargados de llevar adelante la persecución penal pública son los agentes fiscales. Aparecen muchos temas de los que la ciudadanía se escandaliza y los fiscales miran para otro lado”, disparó Gil Lavedra.
En diálogo con PERFIL, el ex juez que condenó a la junta militar del último proceso, aseguró que quienes tendrían que promover las investigaciones son los fiscales. “La Argentina tiene rankig escandaloso en materia de corrupción. La Justicia debe tener una agilidad más eficaz para esclarecer estos temas”, reclamó.
También pidió “más acción en los organismos de control. La Oficina Anticorrupción prácticamente ha desaparecido del mapa, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas casi no existe. El fiscal de Investigaciones Administrativas consintió el fallo del juez (Norberto) Oyarbide en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner”.
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