El Gobierno apeló ante la Corte para revivir el DNU

Si prospera su pedido, se suspendería la inhabilitación del fondo
Paz Rodríguez Niell


LA NACION

El Gobierno presentó ayer un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revoque el fallo que le impidió al Poder Ejecutivo tomar reservas del Banco Central para poner en marcha en Fondo del Bicentenario, que estaba destinado a pagar deuda pública.
Tal como habían adelantado a LA NACION fuentes oficiales, el procurador Joaquín Da Rocha le pidió ayer a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le habilite el camino a la Corte. Esa cámara es el mismo tribunal que confirmó la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento que había suspendido los efectos del decreto 2010/09, con el que Cristina Kirchner dispuso el movimiento de los fondos.
Con este recurso, si la Cámara se lo concede, el Gobierno podría lograr que se suspenda la medida cautelar que congeló los fondos.
El diputado radical Ricardo Gil Lavedra, uno de los promotores de la acción judicial, dijo a LA NACION: "Los camaristas no pueden hacer una cosa semejante. ¿Cuál es el gravamen irreparable que puede alegar el Poder Ejecutivo para llegar a la Corte si los vencimientos de la deuda son recién en agosto? Si la Cámara le quita carácter ejecutivo a la medida cautelar la estaría derogando por anticipado. Sería gravísimo".
En su presentación, Da Rocha solicitó que la Corte tomara la causa por tratarse de un caso de gravedad institucional pese a que, en principio, las medidas cautelares no son revisadas por el máximo tribunal.
Afirmó, en primer lugar, que los legisladores que habían promovido la acción que terminó con la sentencia que congeló los fondos, no estaban legitimados para hacerlo porque no tenían el "interés especial" que requiere la ley. Sostuvo que "ellos podían y debían ejercer sus competencias en el ámbito del Congreso", que está habilitado para controlar los decretos de necesidad y urgencia, y no por medio de acciones judiciales. Según fuentes oficiales, Da Rocha manifestó que el fallo de la Cámara desconocía la validez de los DNU, previstos por la Constitución, y dijo que esto es grave porque "suspendió la implementación de la estrategia definida por el Estado nacional para su reinserción en los mercados de bonos, perjudicando las expectativas sobre el canje de títulos y provocando alteraciones" en su colocación.
El Gobierno presentó su reclamo en las dos causas paralelas que se tramitan por el mismo caso, ambas promovidas por legisladores de la oposición. Una la iniciaron los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Oscar Aguad y Gil Lavedra; la otra, Federico Pinedo (Pro) y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) en conjunto.
Esta última se tramita en la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Jorge Morán, Luis Marquez y Sergio Fernández, hermano del kirchnerista Sergio Fernández, referente del oficialismo en la Auditoría General de la Nación.
La que iniciaron los radicales está en la Sala III, pero todo indica que serán los magistrados Morán, Marquez y Fernández los que resolverán si conceden el recurso porque, según adelantaron fuentes judiciales, la idea es acumular ambas causas en la Sala IV, dado que la causa de Pro y la Coalición Cívica es anterior.
De todos modos, la Cámara demorará al menos dos semanas en resolver el asunto. Ahora, debe darle traslado por diez días hábiles a la oposición para que se pronuncie sobre la procedencia del recurso. Solo después estará en condiciones de resolver si lo concede y suspende la medida cautelar.