
Martes 9 de marzo de 2010
Una medida cautelar frena la aplicación de toda la norma; es la quinta resolución judicial en su contra
Adrián Ventura
LA NACION
La Justicia dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación de la ley de medios, una controvertida norma impulsada por la presidenta Cristina Kirchner que fue aprobada por el Congreso nacional en octubre pasado.
La causa fue iniciada por la diputada nacional por Salta Zulema Beatriz Daher, que alegó que al sancionarse la ley se violó el trámite parlamentario y el reglamento de la Cámara de Diputados.
El juez federal Miguel Medina, con asiento en esa provincia, entendió que "si ello fuera así, se estaría ante un caso de apartamiento de lo que el actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denomina paradigma del Estado de Derecho constitucional".
Este es el quinto fallo contra la ley de medios y tiene el mismo alcance que la medida que concedió, en diciembre último, la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal: el Gobierno debe abstenerse de aplicar cualquier aspecto de la norma.
Si la Cámara Federal de Mendoza accediese a revocar el fallo de la jueza Pura de Arrabal, como pretende el Gobierno, se mantendría la prohibición dispuesta por Medina.
Sin embargo, el Gobierno, en forma consecuente con la decisión anunciada públicamente por la presidenta Cristina Kirchner de desoír fallos judiciales en materias como las reservas del BCRA, tampoco respeta las sentencias contra la ley de medios.
En efecto, la Autoridad Federal Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) violó reiteradamente esas medidas cada vez que, invocando la ley, pautó publicidad oficial, ordenó la realización de un censo obligatorio, aplicó multas a los operadores de cable o tomó espacios audiovisuales para realizar transmisiones en cadena nacional.
Algunas de las normas más controvertidas fijan estándares muy bajos para acumular la propiedad de radios y canales de televisión; prohíben que un canal de aire sea titular de una empresa de cable y que una empresa de cable transporte más de una señal propia -medidas que no tienen antecedentes en otros países-, y establecen la obligación de que todos los operadores de medios vendan, en el plazo de un año, las empresas y señales que superan esos estándares.
Cinco fallos contra la ley
Desde diciembre hasta ahora, varios jueces suspendieron la ley total o parcialmente:
A pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone suspendió el plazo de desinversión (artículo 161).
A pedido de una ONG, Codelco, el juez Medina suspendió el artículo 161 y los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (transmisión en cadena).
La tercera resolución, en una causa promovida por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza), fue dictada por la jueza federal Pura de Arrabal, de Mendoza, que suspendió toda la ley.
A pedido del Grupo Vila (Canal 8 de San Juan, Supercanal, Diario Uno), el juez federal número 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió los artículos 42 a 46, 48 y 161. Según el magistrado, la ley es "una abierta contradicción" al principio de la libertad de prensa.
Ayer, el juez Medina suspendió toda la ley para evitar un "daño grave". El juez Medina, igual que lo había resuelto su colega Pura de Arrabal, hizo hincapié en las irregularidades del trámite legislativo.

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