
Miércoles 10 de marzo de 2010
Por Adrián Ventura
Especial para lanacion.com
Las declaraciones que hizo Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, en el sentido de que el DNU 298/10 de reservas no se derogará hasta que se apruebe la ley, desnudan la estrategia del Gobierno de no ceder ni un centímetro en la pulseada por el uso de reservas.
El kirchnerismo, cuando años atrás aprobó la ley 26.122 que vino a reglamentar los decretos de necesidad y urgencia, se aseguró de consagrar en la norma un artilugio, una trampa reglamentaria, que hoy les rinde frutos: cuando el Poder Ejecutivo dicta un DNU, ese decreto permanece vigente hasta tanto no lo deroguen las dos (2) cámaras del Congreso. Basta con que una de las cámaras lo apruebe para que la otra ya no pueda derogar un DNU (en el resto del mundo es al revés: para aprobar un DNU, tienen que convalidarlo las dos cámaras, porque de otro modo pierde vigencia).
Por eso, la decisión del Gobierno de impulsar en el Senado el proyecto de ley de Carlos Verna, es una vía indirecta para mantener la validez de ese DNU: si los senadores Verna y su coprovinciana María Higounet suman sus dos votos a la aprobación del proyecto en el Senado, queda menos espacio para derogar el DNU.
Claro que Verna e Hogounet podrían votar contra el DNU (conformando a la oposición) y a favor de la ley (conformando al oficialismo). Pero es previsible que el oficialismo no deje tanto margen de acción a esos senadores.
El Gobierno acepta que el verdadero respaldo para pagar reservas es una ley, pero mantendrá en pie el DNU porque entiende que ese es el reaseguro que posee para forzar la negociación.
Ahora bien, si el DNU fuese aprobado aunque sea por una sola de las cámaras legislativas, la Justicia ya casi no tendría margen para mantener la suspensión del DNU 298/10 y podría terminar por levantar la interdicción.

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